En sus orígenes históricos más remotos, la diferencia entre derecho común y foral proviene de la inicial distinción entre el derecho romano, al que tendían los reyes, y los fueros municipales y usos de cada comarca. Esta situación disgregadora sólo había sido remediada parcialmente en Castilla cuyo derecho había evolucionado hacia una mayor centralización.

Los derechos forales se mantendrán durante los reinados de los austrias, y con algunas restricciones a la llegada de los borbones en Aragón, Baleares, Cataluña, el País Vasco y Navarra. La legislación liberal unificaba aun más el derecho lo que constituía uno de los argumentos del levantamiento carlista.

El desarrollo del liberalismo y los intentos de elaborar un código civil único en España redoblaron el descontento de los foralistas apoyados por sectores eclesiásticos y áreas campesinas del Norte. La pugna se prolongó a lo largo de todo el siglo XIX, hasta que, en 1889, el Código Civil reconozca algunos de estos derechos forales.